Borrell enmienda a Robles y anuncia el envío de las bombas a Arabia Saudí

España (abc)

Lo que la ministra de Defensa enmarañó, el de Exteriores lo solucionó. Y al final, el Gobierno de Pedro Sánchez no tuvo otra salida que rectificar (otra vez más) y anunciar ayer de modo oficial la venta de las 400 bombas de guiado láser GBU-10 a Arabia Saudí. Este país amenazó con «congelar» el megacontrato de las cinco corbetas con Navantia si no se procedía al envío de las bombas. El astillero estatal, en estado de «shock» desde la semana pasada, podía perder así un negocio de 1.800 millones de euros y 6.000 empleos directos e indirectos en la bahía de Cádiz hasta 2022. Pero la historia de este desatino diplomático va más allá y comenzó un 16 de agosto cuando el Ministerio que dirige Margarita Robles emitió un comunicado en el que, sin mencionar a Arabia Saudí pero sí a la guerra de Yemen, anunciaba que revisaría las posibles ventas de armas que estaban todavía en trámite y que podían «implicar la utilización directa de este tipo de armamento contra población civil». Ese día Defensa sacaba pecho y, de paso, sembraba la sospecha en el anterior Ejecutivo: «El actual Gobierno no ha realizado venta alguna de armamento que pudiera ser empleado contra población civil», se leía en el escrito. ¿Sin daños colaterales? Casi un mes después, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, tuvo que salir a dar la cara públicamente para anunciar que el Gobierno de Sánchez también vende armas que puedan emplearse contra la población civil: «Me ha tocado a mí anunciarla, pero no es un anuncio del Ministerio de Exteriores, sino una decisión del Gobierno que ya ha sido comunicada a Arabia Saudí [...] Se llegó a la conclusión de que no había argumentos para no cumplir ese contrato», dijo en el Congreso de los Diputados. En una entrevista en Onda Cero, Borrell justificaba la venta de las 400 bombas porque son de «precisión», lo que supone que su uso no produce «daños colaterales», en el sentido de que «da en el blanco con una precisión extraordinaria» y no provoca «tragedias» en las que hay numerosos muertos. Esta versión es matizada por fuentes militares consultadas por ABC: «La elección del objetivo compete al Gobierno y el Ejército que lanza la bomba y ninguna munición elimina el riesgo de daño colateral, ninguna». La GBU-10, la bomba de 1.000 kg. de pesoAdemás, Borrell esgrimió que Arabia Saudí consideraba las relaciones de defensa con sus aliados «como un todo», por tanto no se podía separar el contrato de las 400 bombas del acuerdo de las cinco corbetas. Como en toda la jornada del miércoles, cuando «El Periódico de Cataluña» avanzó que España exportaría finalmente las bombas citando a fuentes diplomáticas, desde el Ministerio de Defensa imperó el más absoluto silencio. Sin comentarios para la que es ya la mayor crisis política vivida por la Margarita Robles como ministra. Hay que recordar que la particularidad del contrato de las 400 bombas reside en que era un acuerdo entre el Ministerio de Defensa español y Arabia Saudí. Las bombas, que se encontraban en contenedores en la base aérea de Zaragoza, pertenecían a un «stock» del Ejército del Aire que en plena crisis (2015) el ministro Pedro Morenés decidió revender a Arabia Saudí por 9,2 millones de euros. Por tanto, la decisión de derogar el contrato, que contaba con todas las regularidades jurídicas, fue tomada unilateralmente por la ministra Robles sin valorar suficientemente las consecuencias diplomáticas e industriales. El AVE a La Meca también es otro asunto fundamental en las relaciones hispano-saudíes. Podemos y ONG, en contra La noticia del envío de las 400 bombas a Arabia Saudí se recogió con alivió en los astilleros de San Fernando (Cádiz) de Navantia, donde los trabajadores anunciaron el fin de las movilizaciones. También en la Junta de Andalucía, cuya presidenta, Susana Díaz, afronta elecciones autonómicas casi con toda probabilidad este otoño. Por contra, las ONG que impulsan el veto de armas a Arabia Saudí e Israel (Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, FundiPau y Greenpeace) se sintieron «muy decepcionadas» con la decisión final del Gobierno. La polémica subió de tono con Podemos, partido dividido entre los que se oponen al contrato de las bombas y de las corbetas y la posición del alcalde de Cádiz, José María González «Kichi», a favor del empleo en Navantia. El portavoz de Podemos en la Comisión de Exteriores del Congreso, Pablo Bustinduy, le echó en cara a Borrell que siguieran adelante con el contrato. Borrell jugó la carta de «Kichi»: «Yo no he oído al alcalde de Podemos en Cádiz pidiendo que se cancele el contrato de las corbetas, porque que yo sepa las corbetas son armas», informa Alexis Rodríguez.

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